Han incrementado sus costes por la implantación de lo que denominan “una especie de auditoría total” para el proceso de fabricación
Poco más de un año después de la entrada en vigor del impuesto al plástico, en los desayunos de IBIAE –en colaboración con el periódico Escaparate y Caixa Popular– era interesante realizar un encuentro con empresarios y empresarias del sector para analizar su puesta en marcha. Había muchas incógnitas por despejar, puesto que el proceso no ha sido nada sencillo para las industrias de la Foia de Castalla. Todavía hoy continúan con algunos interrogantes a los que dar respuesta a todo lo requerido por este impuesto.
Desde enero de 2023 las empresas que fabrican o adquieren envases de plástico no reutilizable a proveedores deben abonar a Hacienda, con periodicidad mensual o trimestral dependiendo del caso, una tasa de 0,45 céntimos por kilogramo de plástico. El producto se certifica si es para un solo uso, mientras que si es para varios usos, no. En este último caso no se abona el impuesto. España continúa siendo el único país de la Unión Europea con este tributo en vigor. La Ley 7/2022 ha significado una recaudación para el Estado de casi 800 millones de euros por el impuesto al plástico.
Nuevo contexto
Tal y como relatan los empresarios, “la repercusión ha sido instalar un programa informático nuevo, costes con la empresa certificadora de la implantación del proceso (ahora se revisa semestralmente y en 2025 será ya anual), cambiar codificación de artículos, etc. Hemos ido a salto de mata porque nadie nos ha sabido informar”. Al final, su implantación ha supuesto “una especie de auditoría total, con un gran control sobre entradas y salidas del almacén”.
A la hora de efectuar los trámites, es importante contar con una empresa certificadora que corrobore que el proceso se está llevando a término bajo los parámetros requeridos. Este paso no está siendo nada sencillo. “No hay muchas empresas certificadoras y son difíciles de encontrar”, indican.
Con respecto al tema de las inspecciones, “por ahora no las ha habido”. No obstante, sigue siendo un enigma de qué manera el Estado va a controlar todas y cada una de las obligaciones que impone la ley, puesto que no cuenta con una gran estructura para cotejar su cumplimiento.
Escasez de reciclado
En referencia al material reciclado y su utilización para fabricar productos, aseguran que “no existe en el mercado la suficiente cantidad”. Esta realidad es común a todas las empresas del sector del plástico, con independencia de si es inyección o soplado. Aquí vuelven a encontrarse con obstáculos. “Tú no puedes reciclar tu sobrante o merma, la firma está obligada a cedérselo a un tercero –empresas certificadas– al que se lo tienes que volver a comprar. Si lo reciclas tú, se considera material virgen”, detallan con resignación.
Todo lo anterior contrasta con que no están creciendo las plantas regeneradoras de plástico. A su vez, el plástico reciclado cada vez es más demandado. ¿Qué sucede entonces? El reciclado “es más caro, entre un 40-50 por ciento más que el material virgen. El tema del material reciclado es de cara a la galería, no por coste”, subrayan. Igualmente, el empleo de material reciclado obliga a introducir modificaciones. En el soplado es muy fluido. Tiene que estar muy bien hecho y conseguido el material porque si no es así habría que volverlo a pasar por filtros. En la inyección, en cambio, hay que reprogramar la máquina.
Entre la utilización de materiales bio o reciclable, los asistentes al desayuno sostienen que “es mejor el reutilizable porque el precio es menor. Fuera de España el cliente quiere material compostable, no reutilizable». No obstante, en Baleares sí es existe la obligatoriedad de que sea compostable. En el archipiélago quisieron ir un paso por delante de directivas europeas con su ley autonómica de residuos y suelos contaminados.
En la actualidad, los consumidores están comprobando como durante los últimos meses la cesta de la compra se ha puesto por las nubes por diferentes motivos. En este sentido, una de las consecuencias es que “si los materiales suben de precio, en los supermercados se incrementará más el coste final”, reflejan. A ello toca sumarle que el impuesto al plástico también ha elevado el precio final. Quien sufre este efecto y paga la factura es el consumidor final.
Por otro lado, tener un sello de compostabilidad asciende a una cifra con una horquilla que varía de los 12.000 a los 14.000 euros para la empresa que quiere poseerlo. El material se descompone con el paso del tiempo y su precio es alto. Esto tiene un añadido, el sello no se consigue de hoy para mañana. Pasa más de un año hasta su obtención por parte de las empresas.
Relevancia del plástico
El plástico no se puede eliminar. Un ejemplo de ello es el sector sanitario y durante la pandemia de la Covid-19 se observó con claridad. Es un material seguro, práctico y barato. También, en el caso de las verduras, son el mejor material para su conservación para que no se degraden rápidamente y se mantengan durante bastante tiempo hasta su llegada a la nevera del consumidor.
Los empresarios expresan que “el problema no es el plástico, sino la educación de las personas”. El plástico no acaba en el mar por arte de magia. Las personas son las responsables de que esto suceda. El 80 por ciento de lo que se vierte al mar procede de Asia. Una de las medidas que proponen para darle valor es “incentivar económicamente con máquinas para recoger esos envases” tal y como se hace en otros países como Alemania.
Inquietudes de futuro
Las expectativas para el 2024, son un interrogante. Las primeras percepciones indican que es similar al año anterior y no se espera una mejoría de las cifras. “Ya iría bien si se confirman estas previsiones”, declaran.
Entre las consideraciones para no estancarse abogan por “invertir en producto propio” como una buena opción, pero no es algo que la empresa pueda hacer de manera inmediata. Para ver resultados hay que esperar a medio-largo plazo. Otra traba para crecer es ampliar instalaciones, pero chocan de frente con la realidad: “La Administración va muy lenta con todo y falta suelo industrial de calidad”.
El tema del personal cualificado es una cuestión aparte. En el País Vasco y Cataluña, zonas con altas cifras de industrias parecidas o similares, tienen un problema parecido al de la Foia de Castalla. “Falta gente preparada y no se encuentra. Es muy triste tener pedidos y no poder cumplir con los plazos marcados por el cliente ante la falta de personal. La gente no viene con una mentalidad para asumir responsabilidades. Es importante que cuenten con una motivación. Los más jóvenes ahora quieren ser influencers y la realidad es que la generación actual está sobreprotegida por sus progenitores. Su filosofía de vida es otra, diferente a las generaciones anteriores. Valoran más el tiempo para ellos”, zanjan.